La jueza acusa al líder del PSOE extremeño de «fraude de ley» y eleva su caso al TSJ tras su aforamiento exprés

La instructora, aun así, ha decidido enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (ante el que ya estaría aforado Gallardo al convertirse en diputado autonómico tras forzar a la dimisión a cinco miembros de la lista socialista que le antecedían) para que los magistrados decidan si dan por bueno el ardid del imputado o por el contrario mantienen la competencia de los tribunales ordinarios. Según toda esta estrategia en realidad fue «un plan previamente concebido y organizado» para blindar judicialmente al ya expresidente de la Diputación de Badajoz.

«La anterior maniobra (la del aforamiento exprés) sería contraria a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal'», apunta Biedma en exposición razonada de 102 páginas a la que ha tenido acceso este periódico.

La jueza del 'caso David Sánchez' -quien en su momento pidió sentar en el banquillo a Gallardo por haber movido los hilos para que el familiar del presidente del Gobierno fuera contratado como coordinador de los conservatorios pacenses por la Diputación de Badajoz que dirigía el imputado- incluye en su resolución un severo rapapolvo al hoy diputado autonómico y, en general, al PSOE por permitir esta suerte de 'aforamiento sobrevenido'.

«Parece ser que en el momento histórico actual se ha olvidado que cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general y anteponer ésste sobre cualquier interés personal», porque es «ello es lo que lo legitima en el ejercicio de sus funciones», recuerda Biedma. «Ahora, más que nunca, y dada la realidad social que nos rodea, deberían recordarse las descripciones de la filosofía clásica- fundamento de la configuración de las bases teóricas de la democracia moderna- sobre el «buen gobernante», cuyo comportamiento debe ser ejemplar y anteponer siempre el interés público al suyo propio», abunda la jueza.

La instructora se ve en la obligación de recordar al partido y al imputado que «las prerrogativas inherentes al cargo público, como el aforamiento, fueron concebidas para proteger las funciones de ese cargo público, no a la persona que lo ostenta, no siendo admisible que en un Estado Democrático se utilicen las instituciones públicas y los privilegios que de ellas derivan para fines propiamente personales».

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz recurre al derecho comparado para insistir en su tesis de que aforamiento contra reloj del líder de los socialistas pacenses ha sido un «fraude» valiéndose de un mecanismo que no existe o está muy limitado en los países del entorno. Así recuerda que en Europa, por regla general, los parlamentarios no pueden aforarse por ninguna causa. Señala que el aforamiento parlamentario solo se contempla en los Países Bajos —aunque estrictamente limitados a actos en el ejercicio del cargo—, en Grecia -pero solo para determinados delitos- y en Rumanía y Bielorrusia, que son los países que más se asemejan al sistema español, pero que son una «absoluta excepción». En esa línea, destaca que el Consejo de Europa ha recomendado en varias ocasiones a España eliminar los aforamientos de políticos sospechosos de corrupción.

«La ley nunca puede ser fraude de ley. Probablemente el fraude de ley está en la interpretación de esta magistrada». El secretario general de los socialistas extremeños ha cargado con dureza contra la jueza tras conocer que esta considera en un nuevo autor que su aforamiento supone «un fraude de ley». «Lo que realmente me apena y me preocupa es que una magistrada no solamente compre esos relatos, sino que además haga afirmaciones que creo que se extralimitan absolutamente de su competencia. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación».

Según ha señalado, «desde que mi partido me pidió que tenía que estar en la Asamblea, aunque la decisión es mía y la asumo, he escuchado a muchos tertulianos criticarlo. Y me parece bien. Lo que no me parece correcto es que se diga que fue un aforamiento exprés, cuando realmente lo que hubo fue un auto exprés. 24 horas después de que yo fuera miembro en la Asamblea, la jueza emitió un informe saltándose su propia providencia». «En estos momentos estoy sorprendido, enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos también. Como persona, no ya como parlamentario, porque insisto, la ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves».