Las diez claves del auto que propone juzgar a García Ortiz

En concreto, el juez enmarca la responsabilidad penal en la difusión de un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sobre una negociación extrajudicial con la Fiscalía para evitar su entrada en prisión por dos delitos fiscales a cambio de reconocer los hechos. Estas son las diez claves del auto:

La tesis central del juez es que el fiscal general reveló la información del correo del abogado de González Amador a la Cadena Ser por «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». En concreto, y siempre según la resolución, García Ortiz facilitó el texto confidencial contenido de un correo electrónico de 2 de febrero de 2024, que de forma previa le había llegado a través de la fiscal jefe provincial de Madrid, también acusada.

El carácter secreto del correo, arguye el juez, se debe a que contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad». Descarta así la prueba de descargo que supuso el testimonio del fiscal de delitos económicos Julián Salto, protagonista de ese 'mail' y quien rebajó a cotidianas esas conversaciones extrajudiciales porque no se reveló «ningún secreto».

La noticia de El Mundo publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024, titulada 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales', fue el origen de las gestiones del fiscal general para hacerse con el correo. Se inició a partir de ahí, dice el auto, «un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales para preparar una respuesta y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo».

En esas conversaciones estaban Pilar Rodríguez y el fiscal responsable del caso de los delitos fiscales de González Amador, el mencionado Julián Salto. La intención era conocer el cruce de correo con la defensa para hacer una nota de prensa y desmentir una información que estaba circulando por la redes sobre la noticia de El Mundo, lo que así se hizo.

Entre esos correos estaba el del 2 de febrero de 2024, con el siguiente asunto: 'Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública', que concluye diciendo «que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora».

La finalidad, desgrana el juez, era mandar toda la información recopilada al correo electrónico de García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular de Google (Gmail), según él mismo había indicado y como así hizo Pilar Rodríguez; para, a continuación y de acuerdo con la colaboración que ésta le prestó, «acabar facilitándolo a un medio, como la cadena SER, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial contenido del mismo». Este se difundió en un avance a las 23:25 horas del 13 de marzo de 2024 en el programa Hora 25, «que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio». Dicho medio añadía en su información que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado, como a final ocurrió la mañana siguiente.

La resolución agrega que, paralelamente, desde Fiscalía General y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, alto cargo de Presidencia del Gobierno. Esta hizo uso de él dando instrucciones a Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid luego dimitido y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Cámara regional contra la presidenta Díaz Ayuso.

La supuesta vulneración del derecho de defensa de González Amador «fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida».

Los indicios de que hubo revelación de secretos quedan contenidos en los dos autos de entrada y registro de 30 de octubre de 2024 en los despachos del fiscal general y de la fiscal provincial, y en las declaraciones de los investigados y las testificales. Admite el juez que el borrado del móvil de García Ortiz convirtió la diligencia relativa a su dispositivo en «inocua». «El investigado, a diferencia de la investigada, hizo desaparecer cuanta información pudiera haber en ellos, lo que impidió acceder a una información presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer».

La defensa de García Ortiz y de Pilar Rodríguez mantienen en sus escritos que los hechos no son constitutivos de revelación de secretos porque la información había sido difundida con anterioridad por algunos medios de comunicación. El magistrado no lo comparte y explica que un secreto «en el contexto jurisdiccional es un concepto asociado a la intimidad personal, que goza, por lo tanto, de una protección constitucional, con lo que queda garantizado el derecho de su dueño, para que sea él, exclusivamente, el que libremente elija a quien transmite su propio mensaje». Esta mención se usa para justificar que González Amador solamente autorizó su conocimiento a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, que en su red social divulgó una información mendaz que la Fiscalía quiso rebatir con la famosa nota de prensa.