La jueza Biedma sobre Gallardo: «Utiliza las instituciones públicas en beneficio propio»

Esta acusación se detalla en un auto que habla de la existencia de un «plan previamente concebido y organizado» que permitió que en el plazo de dos días los cuatro diputados del PSOE que antecedían a Gallardo en la lista electoral renunciasen a ser elegidos diputados (19 de mayo) y una diputada con representación en la Asamblea presentase su dimisión (20 de mayo), lo que permitió que la Junta Electoral de Extremadura expidiese de forma inmediata la credencial de diputado a favor de Miguel Ángel Gallardo (21 de mayo). «Lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el cual se ha adquirido la condición de aforado, sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada», dice la jueza, que acusa a Gallardo de fraude de ley.

Explica la magistrada que su decisión de comunicar este supuesto fraude procesal al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la ha tomado después de que el abogado que representa a Miguel Ángel Gallardo enviase a su juzgado un escrito en el que le pide que, tras alcanzar la condición de aforado, debe ser enviada la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en lo referido a Miguel Ángel Gallardo y a los otros diez procesados.

Indica Biedma que ese escrito en el que se le comunicaba el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo lo recibió la tarde del 22 de mayo, después de que esa misma mañana ella hubiese dictado el auto de apertura de juicio oral por el que sentaba en el banquillo a los 11 investigados.

Comparte Biedma que una vez que Miguel Ángel Gallardo es diputado, debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que se haga cargo de este procedimiento, pero advierte al alto tribunal de que ese aforamiento se realizó «en fraude de ley» y con un plan preconcebido.

«No se trata de que Miguel Ángel Gallardo haya concurrido a unas elecciones y haya resultado elegido, sino que, habiendo tenido lugar las elecciones a la Asamblea en mayo de 2023 –un año antes de la iniciación de la presente causa y casi dos años antes del dictado del auto de procedimiento abreviado, que es el que determina la existencia de indicios racionales de criminalidad contra los investigados–, es ahora, cuando ya se ha dado por concluida la instrucción, cuando decide adquirir la condición de diputado de la Asamblea de Extremadura, y no por causa de la dimisión o renuncia de la persona que le precedía en la lista de candidatos, sino de varias, cinco en total, todas ellas de forma exprés y conjunta, y parece ser que con la finalidad única de que Miguel Ángel Gallardo pasara a ostentar la condición de diputado y, por consiguiente, aforado».

La magistrada entiende que existía un «plan previamente concebido y organizado» por el que el día 19 de mayo fueron convocados en Mérida los cuatro candidatos del PSOE que antecedían a Miguel Ángel Gallardo en la lista electoral para firmar ante notario su renuncia.

«Continuando con la celeridad, justo al día siguiente, el 20 de mayo, María de la Cruz Rodríguez Vegazo presenta ante la letrada mayor y secretaria general de la Asamblea de Extremadura su renuncia a la condición de diputada», lo que permitió que la presidenta de la Junta Electoral de Extremadura expidiese la credencial de diputado de Miguel Ángel Gallardo el día 21 de mayo.

«La anterior maniobra, considera esta instructora, sería contraria a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que 'los jueces y juezas, así como los tribunales, rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal».

«El acceder a la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, tras la dimisión y renuncia coetánea de 5 personas y con la finalidad de conseguir el aforamiento, no sería sino otra muestra más del patrón del comportamiento del investigado en el presente procedimiento: conseguir un fin ilegítimo mediante el uso de mecanismos formalmente legales, utilizando las instituciones públicas en beneficio propio o de allegados».

Alerta además de que ese «aforamiento repentino» causará perjuicios a la tramitación de la causa y generará dilaciones y retrasos «tras el peregrinaje de la misma a órganos superiores para decidir» qué órgano judicial debe llevar este procedimiento.

Con estos argumentos, la magistrada remite el auto a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que se pronuncie sobre el supuesto fraude de ley cometido por Miguel Ángel Gallardo. Además, traslada al alto tribunal autonómico las diligencias practicadas durante la instrucción y su calificación jurídica para que se haga cargo de la causa si el aforamiento se considera válido.