Trasladan a una prisión de León a los encarcelados de San Lázaro por el tiroteo de Plasencia

La prisión leonesa es la tercera por el momento en la que cumplen la medida cautelar. Tras ser detenidos y pasar a disposición judicial el pasado 1 de abril, fueron llevados hasta la cárcel de Cáceres. El titular del juzgado número 1 de Plasencia, que instruye el caso San Lázaro, les envió a prisión porque se les investiga por un presunto delito de homicidio doloso y cuatro en grado de tentativa, así como por los delitos de lesiones, riña tumultuaria y amenazas. A cinco de los seis encarcelados, también por otro delito de tenencia ilícita de armas.

En la cárcel cacereña apenas estuvieron un par de días. Se da la circunstancia de que en esta prisión cumplen condena el abuelo paterno de Camelia y al menos otros tres familiares de la niña que falleció en el tiroteo a consecuencia de una bala perdida. Por tanto, «por incompatibilidad» explican fuentes judiciales, se optó por trasladar a los Loletes a la prisión de Topas. El objetivo era evitar un posible enfrentamiento entre los familiares de la pequeña y los presuntos responsables de su muerte.

Pero ahora los encarcelados de San Lázaro vuelven a ser trasladados. Han abandonado la cárcel salmantina algo más de un mes después de llegar a ella y han sido llevados hasta la de Mansilla de las Mulas. Según las mismas fuentes, por idéntico motivo, por incompatibilidad, porque en Topas cumple condena un miembro de los Hilarios, el clan de Gabriel y Galán con el que los Loletes se enfrentaron el 30 de marzo en el tiroteo de Plasencia.

En la causa abierta por estos hechos son once los implicados: seis de los Loletes y cinco de los Hilarios. Los primeros están en prisión y los segundos, en libertad provisional, porque el juez instructor considera que fueron los de San Lázaro y no los de Gabriel y Galán los que dispararon esa noche.

De hecho, en el último auto judicial que ha emitido, para rechazar los recursos de las defensas de los Loletes, que se oponen a que el caso sea juzgado por un jurado popular, el juez defiende la transformación de las diligencias previas en un procedimiento del tribunal del jurado porque la investigación a los de San Lázaro es por un presunto delito de homicidio doloso.

En concreto, aclara, «la muerte de la niña de dos años, Camelia, como consecuencia de un disparo en la cabeza, no puede por menos calificarse indiciariamente como un homicidio con dolo eventual, ya que las personas que dispararon con armas de fuego en un barrio morado por personas al vehículo Audi SQ5 en su huida de la barriada de San Lázaro -en el que viajaban los Hilarios- eran conscientes de los daños y del resultado que se podía derivar de su acción y así y todo los aceptaron, de suerte que siguieron realizando esa acción». Es decir, resume el juez, «aceptaron el resultado como posible y aun así decidieron continuar con lo que estaba haciendo».

Frente a esto, «la tesis de que los disparos que han causado la muerte de Camelia y lesiones en el pie de una joven provengan de los ocupantes del Audi aparece en un principio descartada en el atestado, en atención a que tales disparos siguen una trayectoria de arriba abajo, y desde los domicilios donde se inicia la reyerta hasta donde las víctimas recibieron impactos de bala habría aproximadamente 25 metros, siendo todo ello compatible tanto con armas cortas como con armas largas».