El Gobierno rechaza el plan de la Junta para regularizar 600 empleos públicos

Formadores y orientadores del Servicio Extremeño de Empleo, auxiliares técnicos de educación/cuidadores de centros escolares, equipos de valoración de la Ley de Dependencia... Son algunos de los colectivos a los que pertenecen los 600 trabajadores de la Junta de Extremadura afectados por un proceso de regularización que ahora queda condicionado por las dudas mostradas por el Gobierno de Rajoy.

La Administración General del Estado y la Administración regional han iniciado un proceso de negociación para resolver las discrepancias surgidas sobre una iniciativa recogida en la Ley de Presupuestos de Extremadura para 2015.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, anunció el pasado mes de octubre en la presentación de las cuentas regionales que la partida destinada a personal (capítulo 1 del apartado de gastos) había crecido en más de 50 millones de euros debido a que se incluían una serie de puestos que hasta ahora se encontraban dentro de inversiones (capítulo 6) porque se crearon para cuestiones concretas. Se trataba de un paso previo para después poder convocar los procesos de adjudicación definitiva mediante oferta pública de empleo.

advertencia del Tribunal de Cuentas

Según explica la Consejería de Hacienda, de esta forma se cumplía con una advertencia del Tribunal de Cuentas, que en un informe había avisado sobre la creación en las distintas administraciones de plazas por cuestiones concretas que con el tiempo tenían carácter estable. Es el caso de los equipos de valoración de las peticiones de dependencia.

El Tribunal de Cuentas indicó que cuando estas funciones tienen carácter continuado y no son fruto de una acción puntual deben formar parte del capítulo 1. Hacienda señala que se incluirían en la Relación de Puestos de Trabajo y pueden, en su caso, ser amortizadas o bien provistas de manera definitiva con los procesos de selección que rigen en la Administración pública.

Siguiendo este criterio, la Junta analizó qué puestos se ven afectados por esta recomendación y decidió pasarlos del capítulo 6, donde estaban desde hace años, al capítulo 1. Son en torno a 600 y están distribuidos por la práctica totalidad de las consejerías.

Para llevar a cabo esta medida, se introdujo una disposición adicional en el Presupuesto autonómico 2015. El problema es que los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio prohíben expresamente, como en las últimas anualidades y en virtud del criterio de estabilidad, que los costes de personal sean mayores que los del pasado año.

La Junta de Extremadura interpreta que el aumento de gastos del capítulo 1 se ve compensado por la disminución en el capítulo 6. Sin embargo, para el Ministerio de Hacienda se produce una vulneración de la norma estatal, por lo que ha planteado un conflicto de competencias que debe resolver el Tribunal Constitucional.

Como paso previo, se ha citado a la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones para intentar resolver las discrepancias y no llegar al Constitucional. La Consejería de Hacienda señala que, en caso de que el Gobierno no acepte las explicaciones de la Junta, las nóminas de los 600 trabajadores afectados volverían a incluirse en el capítulo de inversiones.

Los sindicatos piden solución

Para los sindicatos de la Administración regional la medida tomada por la Junta de Extremadura era un paso importante para regularizar la situación de los 600 trabajadores afectados, por lo que esperan que se resuelva la controversia de forma favorable a los empleados.

Miguel Díaz, secretario de Acción Sindical de CSI-F_Extremadura, recalca que el propio Tribunal de Cuentas señala que esas plazas deben formar parte de la partida de personal, y que en realidad la medida adoptada por la Junta no supone ningún incremento del gasto. Además, indica que algunos de los trabajadores afectados han conseguido por sentencia judicial que sean considerados indefinidos.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Ignacio Luis, apunta que los contratos por obras y servicios corresponden a funciones concretas en momentos concretos. Pero destaca que labores como la de los ATE-cuidadores en los colegios tienen carácter estructural y por tanto deben formar parte del capítulo de personal.

Por su parte, Marisol Salazar, de CC OO, explica que el cambio de capítulo permite a los 600 trabajadores afectados poder optar a un puesto fijo mediante una oposición pública. Como indica, siempre se ha reclamado que se regularice su situación, pero afirma que la política del Gobierno, con una baja tasa de reposición (porcentaje de puestos que se cubren tras jubilaciones), impide cualquier mejora en esa línea.